jueves, 10 de mayo de 2018


  Capítulo.- 17
  Denuncia ante la AEPD y respuesta.

  A primera hora de la mañana Don Jeremías Pelotari Tocador ha comunicado a todos los que en la lectura de su expediente participamos que por orden de Don Zacarías Moro Moro debemos de estar en la sala de vídeo conferencias a la hora habitual.
  Una vez todos reunidos en ella, Don Zacarías ordenó a Don Jeremías que ya que le gustaba tanto abrir la boca, tenía que leer la siguiente lectura integra y sin salirse ni un ápice de ella y no interrumpirla para hacer comentarios hasta que no terminase de leerla y siempre pidiendo permiso para ello, lo que le sería concedido o no. Así es que -ordenó Don Zacarías- puede comenzar y así lo hizo.
  No contento el Letrado Mínguez con la denuncia ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, interpuso denuncia ante la Agencia Española de Protección de datos con fecha 20 de noviembre de dos mil catorce.
  En la citada denuncia acusaba de haber incumplido la Ley a todos y cada uno de los intervinientes en el expediente abierto contra el telefonista Don JEREMÍAS PELOTARI TOCADOR.
  La respuesta de esta, no se hizo esperar y aquí es donde los políticos afinan a la hora de defender a sus subordinados que como ya sabemos designan a dedo y de esta forma ellos no se mojan el culo.
  La respuesta dada por al AEPD dice:
  En fecha 7 de abril de dos mil quince, se ha dictado por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, la siguiente resolución:
  Don JEREMÍAS PELOTARI TOCADOR
  Ref.: E/00568/2015
  En contestación a su escrito, de fecha de entrada en esta agencia el 20 de noviembre de 2014, en el que denuncia a la GERENCIA REGIONAL DE LA SALUD PARA GATOS DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD GATUNA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, debe señalarse lo siguiente:
  En el escrito de denuncia manifiesta que se ha utilizado una grabación telefónica para la finalidad incompatible para la que fue realizada, como es una finalidad de índole laboral y sin haber sido previamente informado y autorizada. Aporta copia del expediente disciplinario incoado al denunciante.
  En el presente caso, de la documentación aportada se acredita que el denunciado trabaja como telefonista del Centro de Salud para Gatos de Gatola, Salamanca. En fecha 4/04/2012, se recibió en el citado centro gatuno y en el que el denunciante prestaba su actividad laboral en turno de guardia una llamada telefónica que no se gestionó debidamente, lo que dio lugar a la incoación de un expediente disciplinario, actualmente recurrido en sede judicial. El expediente disciplinario se basó precisamente en el contenido de la llamada telefónica que se grabó y cuya transcripción obra en el expediente disciplinario.
  En materia de régimen disciplinario, el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios públicos de la Administración del Estado, regulado por Real Decreto 33/1986, establece en su artículo 34 lo siguiente.
  1. El Instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas para la determinación y comprobación de los hechos y en particular de cuantas pruebas puedan conducir a su esclarecimiento y a la determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción.
  2. Todos los organismos y dependencias de la Administración están obligados a facilitar al instructor los antecedentes e informes necesarios, así como los medios personales y materiales que precise para sus actuaciones.
  En consecuencia, durante la tramitación de un procedimiento disciplinario el instructor podrá realizar los actos necesarios para poder determinar la responsabilidad del interesado y los órganos administrativos tienen obligación de colaborar en la instrucción del procedimiento. El Instructor del procedimiento tiene competencia para acceder a la documentación que considere relevante para la instrucción del procedimiento, entre la que se encuentra la documentación que considere de interés comprendida en otros procedimientos seguidos en instancias diferentes, existiendo la obligación general de colaborar en la instrucción de un procedimiento disciplinario.

  La LOPD, en su artículo 4 recoge lo siguiente:
  2.- Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para que los datos hubieran sido recogidos.
  El artículo 6.1 de la LOPD, señala lo siguiente:
  El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.
  Por lo tanto, en el supuesto contemplado no existe indicio razonable de que se utilizara la grabación telefónica para una finalidad incompatible para la que se había recabado, toda vez que su tratamiento en las condiciones citadas se encuentra legalmente habilitado por el Real Decreto 33/1986 de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado, en desarrollo y ejecución de la Ley 30/1984 de 2 de agosto., y en lo que la afecte por la Ley 7/2007, de 12 de abril  del Estatuto Básico del Empleado Público resultando el tratamiento. En consecuencia, el tratamiento de los datos procedentes de la grabación denunciada llevado a cabo con la finalidad de instruir un procedimiento disciplinario es conforme con lo dispuesto en los artículos 4 y 6 de la LOPD.
  Por último, el artículo 47 de la LOPD, dispone:
  1.- Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año.
  2.- El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.
  3.- Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses, por causas no imputables al presunto infractor.
  4.- Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
  5.- El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiere firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
  6.- La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el mismo está paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al infractor.
  De lo anterior, en relación con la supuesta falta de información previa justificada como grave en el artículo 44.3f), se significa que los hechos datan de 4/04/2012, por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la LOPD, estarían en todo caso prescritos, por lo que no procede entrar en el fondo del asunto planteado.
  De todo lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 89 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el apartado 2  del artículo 11 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobado por Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto y en el artículo 122.1 del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD, se acuerda no incoar actuaciones inspectoras y no iniciar procedimiento sancionador o de infracción de las Administraciones Publicas.
  Contra el presente acto y de conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 de la LRJPAC, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Director de la Agencia Española de Protección de datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto resolución, o, directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.
  Firmado electrónicamente en fecha 7 de abril de 2015, por Don José Luis RODRIGUEZ ALBA, Director de la Agencia Española de Protección de Datos.
  Lo que se notifica a los efectos oportunos de conformidad con el art. 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27-11) y de acuerdo con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal y a su vez de conformidad con lo establecido en el art. 30 apartado b) del Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de datos.
  La lectura ha terminado -dijo Don JEREMÍAS- con su permiso y no teniendo más que añadir abandono la sala de vídeo conferencias. Aquí le dejo la noticia aparecida en (El Norte de Castilla.es), la noticia hace referencia sobre sentencia que anula las guardias de 24 horas para que los chamanes presten una buena asistencia.
  La quiero de inmediato -dijo Don Zacarías- y mañana a la misma hora y en esta sala la leerá el Gran Akila, al que ya le encargo desde ahora que nos haga un pequeño análisis de lo hoy leído.




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